Fuentes: Ecologistas en Acción, ROBERTO TAMAYO - Madrid, SeoBirdLife y Cocn.
Varapalo judicial a la obra estrella del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la legislatura pasada. Tras cuatro años justificando la legalidad de la reforma de la M-30, el Ayuntamiento recibió ayer una mala noticia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, emitió una sentencia que establece que la reforma de esta circunvalación debió someterse a una evaluación de impacto ambiental previa a los trabajos, como exige la legislación comunitaria sobre vías urbanas.
La sentencia del tribunal de Luxemburgo es la respuesta a la consulta que le planteó el Juzgado número 22 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, encargado del recurso que había interpuesto Ecologistas en Acción contra las obras de la M-30 por no contar con declaración previa del impacto ambiental. El magistrado quería aclarar el contenido de la normativa comunitaria. Los
jueces europeos le dice ahora a su colega español que la obra sí requería ese informe, pero le dejan la patata caliente de decidir si los trabajos se ajustaron o no a la normativa europea.
Los esfuerzos municipales por ampararse en la letra pequeña de la legislación nacional y europea quedan ahora en entredicho. El Consistorio siempre negó la necesidad de la evaluación, porque sostenía que se trataba de una vía urbana. Además, para eludir la ley autonómica, dividió los 56
kilómetros de la vía en 15 tramos, para acometer las obras como proyectos independientes. Con la fragmentación de la obra, el Ayuntamiento de Madrid logró que ningún tramo tuviera más de cinco kilómetros, lo que le hubiera obligado a superar un informe ambiental, según la normativa autonómica. Y también los mantuvo por debajo de los 10 kilómetros que la normativa nacional y europea establece como límite.
Las obras, con un coste de más de 3.600 millones, se realizaron en 30 meses. Culminaron días antes de las últimas elecciones municipales, en mayo de 2007. Un año y medio después de su finalización, el tribunal europeo ha echado por la borda todos los argumentos del Consistorio. La sentencia deja claro que el examen medioambiental "no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto". Y, además, precisa que cualquier plan relativo a una vía urbana debe someterse a la declaración ambiental.
"El texto marca un precedente. Se acabó eso de meter la tuneladora y preguntar después", asegura Carlos Carnero, eurodiputado socialista. Esta resolución permite a un juez paralizar cualquier obra que no cumpla con la evaluación ambiental, según Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción, que prevé que el juzgado madrileño emitirá su sentencia en septiembre.
Con relación a la M-501 La sentencia del TJM, da la razón al recurso promovido por SEO/BirdLife al igual que ya hiciese en sentencia anterior a un recurso de Ecologistas en Acción. Además, la Comisión Europea ya dio también la razón a SEO/BirdLife al enviar a la Comunidad de Madrid un dictamen motivado y anunciar su remisión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por contravenir tres directivas europeas. Finalmente la propia Intervención General en mayo reprendió a la Comunidad de Madrid por el sobrecoste del 400% de la obra cuando no podían haber superado el 20%. Ya existen por tanto antecedentes suficientes para decir que las obras de la M-501 son
claramente ilegales y exigir su paralización inmediata y su restitución a la situación inicial.
Tanto la Comisión Europea como las ONG conservacionistas denuncian que la Comunidad de Madrid no ha evaluado adecuadamente el impacto de la carretera, ha fragmentado el proyecto para que, de esta manera, parezca que el impacto es menor, y no conservar de forma adecuada las especies protegidas por la ZEPA y los LIC afectados.
Esta infraestructura afectará a especies de aves catalogadas como “en peligro” de extinción en la Comunidad de Madrid como son el águila imperial, el buitre negro y la cigüeña negra. Según la legislación madrileña el gobierno regional debería haber redactado y publicado los planes de recuperación de estas especies antes de 1994.
Mientras, en Cádiz se proyectan Autovías en tramos con Estudios de Impacto Ambiental tambien divididos en tramos ocurriendo esto tanto con la Pinar de Rey como con la A48.
La A48 en su totalidad resulta uno de los proyectos más impactantes sobre la Red Natura 2000 de toda Europa afectando a un total de 12 Lugares de Interés Comunitario de los que desaparecerían algunos de ellos.
En los tramos construidos se han visto afectados 7 lugares de Interés comunitario y para la zona de alto valor ambiental que es de Vejer a Algeciras el proyecto se realiza en tres tramos afectando cada uno de ellos a varios de estos LIC.
Para el Pinar del Rey la ejecución fragmentada del proyecto y tambien su Evaluación ambiental tampoco procede. Fomento sigue pensando en la construcción de Autovías a pesar de los enormes impactos ambientales mientras Industria propone reducir la velocidad en Carretera y Ecologistas en Acción Propone la Medida 32: dejar de construir autovías Mientras el Ministerio de Industria plantea algunas medidas para reducir el consumo de petróleo, el Ministerio de Fomento sigue construyendo autovías y animando a más gente a quemar combustible. Y eso, a pesar de que España ya es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas. Por ello, Ecologistas en Acción considera que la medida más eficaz y la más eficiente económicamente, sería ahorrarnos los miles de millones de euros previstos para la construcción de más autovías, dedicando estos fondos a la eficiencia y ahorro energético. Ecologistas en Acción coincide en el análisis que ha realizado el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, en relación a que el sector clave para reducir el consumo de petróleo es el transporte por carretera. Por eso, la organización ecologista valora positivamente algunas de las medidas propuestas, como la reducción de velocidad en las zonas metropolitanas. Si se aplica esta medida no sólo reducirá el consumo de combustible, sino también la contaminación, la siniestralidad y la congestión, como demuestra la experiencia de las ciudades europeas que ya la han aplicado. Pero Ecologistas en Acción echa en falta una medida, la número 32, que sí que tendría un impacto nítido y muy relevante en nuestro consumo energético: dejar de construir autovías. El papel del Gobierno de Zapatero se podría resumir con el dicho castizo de “a Dios rogando, y con el mazo dando”. Mientras Miguel Sebastián plantea algunas medidas para reducir el despilfarro energético, el Ministerio de Fomento sigue con su política ajena a la realidad, con un plan tremendamente desarrollista, el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) que, entre otros objetivos, plantea construir 6.000 nuevos kilómetros de autovías. Hay que recordar que España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, y el tercero del mundo, sólo superado por Estados Unidos y China. También es bueno tener en cuenta que la mayor parte de las autovías previstas por Fomento se plantean en itinerarios que no llegan ni de cerca al número mínimo de vehículos que recomiendan los manuales de ingeniería para desdoblar una carretera. Es decir, se trata de un tremendo despilfarro de fondos públicos que sólo conseguirá un objetivo: que cada día más personas utilicen el coche, con el consiguiente gasto de petróleo. Pero el Ministerio de Fomento no está solo en estos planes de asfaltado de un territorio sobredotado de autovías. Los diferentes planes de infraestructuras de las administraciones autonómicas apuntan en esta misma dirección: Andalucía prevé construir 1.614 km más, Cataluña 1.500, Castilla y León 562, la Comunidad de Madrid 226 km
una auténtica locura que nos llevará a una mayor dependencia de un petróleo cada vez más caro y escaso.
Por este motivo, Ecologistas en Acción le recuerda al Ministro de Industria que el verdadero enemigo de la reducción de consumo de petróleo lo tiene en casa, en su mismo equipo de Gobierno. Además, los desmesurados presupuestos que maneja el Ministerio de Fomento para infraestructuras (más de 18.000 millones de euros en 2008) permitirían acometer muchos planes de desarrollo de fuentes renovables de energía, así como otros más ambiciosos de reducción del consumo.