El fraude del segundo puente

Interesante artículo apareció ayer en la prensa en el que un urbanista de prestigo, Eduardo Mangada, padre del antiguo PGOU de Cádiz, ponía en duda de forma seria la eficacia del Puente de la Pepa, la Constitución, o como diantres se llame.

Los Verdes y el resto de ecologistas llevamos años avisando y argumentando de forma fehaciente sobre la locura que supone la construcción del segundo puente. Nunca nos hicieron caso. De hecho, llegaban a reirse de nosotros. Y para Los Verdes en concreto, cada vez que decimos no al segundo puente por la radio parace ser que perdemos decenas de votos. Es lo que tiene ser coherente con un discurso bien argumentado y basado en la razón. Pero la razón no se maneja mucho en la política de altura, más bien se manejan estadísticas. Con la política de las grandes obras la gente suele tragar, y bien que están tragando en este caso. Hasta el punto de que las dos grandes fuerzas políticas se peleen como hienas por la carroña de la autoría del puente. Los Verdes vaticinamos que llegará el día en el que se peleen para echarse la culpa de quién construyó el puente. Todo llegará.

Pues sí, a día de hoy tiene coste político criticar el puente. Ahora bien, si el que habla mal del segundo puente es un arquitecto urbanista de prestigo es otro asunto, a este hombre si hay que escucharlo, aunque venga a decir lo mismo que nosotros decíamos antes de que se aprobara este despilfarrador proyecto. Es indudable que si a cualquier experto como a Mangada le dieran los 300 millones de euros que cuesta el segundo puente para resolver los problemas de movilidad de la Bahía de Cádiz lo último que haría sería la ansiada obra. Pero como decíamos, la razón no se suele usar en política demasiado.

Podríamos explayarnos con los argumentos, Mangada ya ha dejado perlas significativas como esta en el artículo:

El veterano arquitecto mantiene sus dudas sobre la efectividad del segundo puente como acceso a la capital. Para él hubiera sido más efectivo crear grandes bolsas de aparcamientos en Río San Pedro y El Puerto y, como en su momento se hizo durante la celebración de la Gran Regata Colón 92, abrir líneas marítimas de manera continúa con la capital. Teme que si no se toman medidas con la apertura de grandes aparcamientos disuasorios a la entrada de la ciudad "la propia estructura de Cádiz y en especial la trama urbana de intramuros va a peligrar con el chorro de coches que introducirá el puente, sin capacidad para absorberlos".

Sin duda, a pesar de lo que digan algunos, está demostrado el efecto de inducción y aumento del número de coches que conllevará la construcción del puente. El informe oficial británico del SACTRA (Comité Consultivo Permanente de Evaluación de las Carreteras), sobre inducción de tráfico, estableció hace más de veinte años ese fenómeno según el cual el incremento de la capacidad viaria tiende a generar nuevos viajes que de otra manera no se habrían producido. Ese efecto fue posteriormente confirmado en otros estudios realizados en diversos países (Fuente: SACTRA , Trunk Roads and the Generation of Traffic, UKDoT, HMSO (London), 1994.).

No hay forma de congeniar este aumento de coches con la capacidad de acogida de vehículos de la ciudad de Cádiz. Es imposible soterrar coches hasta el infinito como parece estar intentando el Ayuntamiento de Cádiz en estos momentos.

También vemos otro tipo de soluciones a la terrible circulación de camiones hacia el puerto de Cádiz, que deteriora de forma grave la calidad de vida de muchos vecinos de la capital. Entendemos que librarse del trasiego de vehículos pesados para estos vecinos es razón suficiente para construir el puente. Pero Los Verdes también creemos en formas menos megalómanas de resolver los problemas. Sin ir más lejos esta situación se podría solventar apostando por el transporte férreo de mercancías y/o derivando el trasiego de camiones al bajo de la cabezuela, puerto infrautilizado que de paso podría dejar de usarse como "puerto sucio" de descarga, en beneficio de otros vecinos, los del Río San Pedro.

Para terminar, a esta crítica generalizada a la obra del puente hay que añadir la coyuntura actual de dependencia de los combustibles fósiles y la amenaza del cambio climático, que más temprano que tarde va a obligar a las administraciones públicas a dar un vuelco a la forma de entender la movilidad urbana e interurbana. Orientándola hacia la disuasión del uso del coche y el fomento efectivo del transporte público y la bicicleta. ¿A qué viene pues la construcción de esta obra generadora de problemas, despilfarradora e ineficaz? La respuesta seguramente habrá que buscarla en los sondeos electorales.

Foto: Congreso Derecho Urbanístico. Las Palmas.