EUROPA PRESS - Más de 50 organizaciones sociales de todo el Estado, portavoces de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción, entregaron hoy en el registro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una carta dirigida a Miguel Sebastián reclamando la urgente modificación del Decreto que regula las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, informó hoy la FRAVM. Las entidades firmantes demandan mayores restricciones a las emisiones radioeléctricas y más medidas de protección sanitaria, de manera que la ley incorpore las recomendaciones emitidas por el Parlamento Europeo para garantizar la salud de las personas. En concreto, piden al ministro que reduzca el nivel de exposición máximo permitido a 0,1 microwatios/cm2.En la entrega de la misiva, Francisco Caño, de la junta directiva de la FRAVM, y Teo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, estuvieron acompañados por miembros de asociaciones vecinales de Madrid, Móstoles, Getafe y Leganés. En esta última localidad, la semana pasada la federación de asociaciones vecinales del municipio registró más de 11.400 firmas en la Casa del Reloj para reclamar una ordenanza de regulación de la instalación de antenas que garantice la salud de los vecinos y la retirada de las decenas de antenas que operan en el casco urbano de la localidad.
El pasado septiembre, el 97 por ciento de los parlamentarios europeos asumía las recomendaciones realizadas por los responsables del informe internacional 'Bioiniciativa' sobre campos electromagnéticos, que resume más de 1.500 estudios de casos de personas sometidas a las emisiones de teléfonos móviles, sistemas Wifi, bluetooth y teléfonos de base fija DECT.
El pasado septiembre, el 97 por ciento de los parlamentarios europeos asumía las recomendaciones realizadas por los responsables del informe internacional 'Bioiniciativa' sobre campos electromagnéticos, que resume más de 1.500 estudios de casos de personas sometidas a las emisiones de teléfonos móviles, sistemas Wifi, bluetooth y teléfonos de base fija DECT.
Según la FRAVM, los científicos recomiendan a las administraciones la modificación de la legislación vigente dado que los límites máximos de exposición a la contaminación electromagnética establecidos no garantizan la protección de la salud, especialmente de la población conocida sensible (mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, personas mayores y enfermos en general).
Las organizaciones critican que, lejos de considerar estas recomendaciones, Miguel Sebastián anunciaba el pago de incentivos económicos y la dotación de infraestructuras a aquellos ayuntamientos que faciliten la instalación de antenas de telefonía móvil, de modo que los consistorios que ofrezcan más licencias a las compañías de telecomunicaciones tendrán más dinero público para facilitar, a su vez, el desarrollo de las tecnologías de la información.
La FRAVM y las organizaciones que suscriben la petición consideran que "es una incongruencia y un ejercicio de grave irresponsabilidad que desde el Ministerio de Industria se lance una campaña de mano de las grandes operadoras de telefonía móvil para favorecer económicamente a los ayuntamientos que aprueben la instalación de más antenas".
De este modo, Industria contradice así las recomendaciones europeas y prescindiendo de los criterios científicos de más de 1500 estudios que advierten que la exposición continuada a radiaciones electromagnéticas excesivas genera problemas de salud".
En su misiva, las mencionadas entidades piden al titular de Industria, por tanto, que reduzca el límite de generación de radiaciones electromagnéticas hasta niveles que protejan a la salud, que la Conferencia de Salzburgo establece en 0,1 microwatios/cm2 y al responsable del Ministerio de Sanidad, Bernat Soria, a que invite a Sebastián a considerar esta petición.
