Un artículo de Daniel López Marijuán. Ecologistas en Acción Andalucía.
La propaganda de la Junta de Andalucía nos asegura que “un hogar puede hacer tanto como un gobierno”. ¿Es esto cierto?: sólo en sentido amplio, porque los sectores “difusos”, los que no están regulados por los protocolos de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero (urbanismo, servicios, residuos, transporte,...) dependen en gran parte de los hábitos despilfarradores o sostenibles que tengan los ciudadanos. El 50% de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) son resultado de la actividad cotidiana y la otra mitad restante de las industrias. Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad en la reducción de CO2, la afirmación es por completo falsa. La mayor culpa del fracaso de Copenhague al no alcanzar compromisos de reducción drástica de CO2 y del incremento de emisiones de GEI en España (52,3%) y en Andalucía (85,4%), datos de 2007 respecto a 1990, son de la Administración y de las grandes empresas.
Aunque la consejera de Medio Ambiente de Andalucía, Cinta Castillo, haya visitado Copenhague para sacar pecho en relación a lo bien que está funcionando el Plan Andaluz de Acción por el Clima, la realidad es bien distinta y se da de bruces contra los triunfalismos oficiales.
En el caso de las industrias andaluzas, el 23% emitió en 2007 más GEI de los oficialmente asignados por el Ministerio de Medio Ambiente. Aunque en estos dos últimos años sí se ha logrado una estabilización y disminución de emisiones, gran parte es resultado de la crisis económica (y de producción) que soporta todo el tejido industrial andaluz, y sólo en menor medida producto de decisiones programadas de disminución de emisiones. Es difícil deslindar el porcentaje de resultados achacables a la crisis, pero se puede hacer: en el caso de generación de residuos peligrosos, Andalucía registró una reducción del 4,5% en 2008 respecto al año anterior. Ecologistas en Acción pidió una identificación de las causas de este logro; la Consejería de Medio Ambiente reconoció que en los planes de minimización de residuos el 81% de las empresas habían obtenido estos resultados como consecuencia de un descenso en la producción, además de valorar como “poco significativas” las disminuciones de residuos.
En el Informe Medio Ambiente en Andalucía 2008, la Consejería reconocía este fracaso:
“En cuestión de medio ambiente urbano, tanto el consumo de energía eléctrica como la producción de residuos urbanos en las ciudades andaluzas de más de 10.000 habitantes, siguen una tendencia y evolución desfavorables”.
¿Estamos hablando del 80% de la población andaluza con prácticas insostenibles, decimos que las tendencias son negativas y nos ufanamos de los buenos resultados del plan de lucha contra el Cambio Climático andaluz? Hay algo que no cuadra. ¿Cuál es la clave de esta distorsión entre la realidad ambiental y su percepción oficial?
A mi juicio, la disociación que tienen muchos responsables públicos entre lo que es la tozuda realidad y la visión deformada que obtienen de sus planes, programas y proyectos. Así como los malos periodistas sostienen que nunca una realidad debe desbaratar un buen titular, los mediocres políticos que padecemos (el tercer gran problema político de los españoles, según las últimas encuestas), confunden hechos con deseos y no consienten que aquellos se sobrepongan a éstos. Algo parecido al wishfull thinking de los anglosajones.
En vez de fomentar el ahorro energético y el fomento de las energías renovables, Andalucía, y muy en particular Cádiz, ha vivido estos últimos años una invasión de centrales térmicas que según la Junta de Andalucía y los ayuntamientos en los que se han localizado, no contaminan. En vez de fomentar políticas de movilidad sostenible, con planes urbanísticos que minimicen la necesidad de desplazamientos y fomenten la peatonalización, el uso de la bicicleta y el transporte público, se ha dedicado la mayor parte de la inversión pública a construir autopistas y variantes, primando el vehículo privado como rey indiscutible del transporte.
Los datos de emisiones son alarmantes, y dicen muy poco del compromiso de Andalucía en la lucha contra el Cambio Climático.
Otro indicador ambiental que nos marca signo negativo es la calidad (o la ausencia de ella) del aire que respiran los españoles. El 89% de las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes superan los niveles permitidos de contaminación: partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno, ozono troposférico,... están entre los responsables de las 16.000 muertes al año en España causada por la contaminación, según datos del Observatorio de la Sostenibilidad de España.
¿Qué sucede entonces con las famosas 140 medidas del Plan Andaluz de Acción por el Clima, del Programa Ciudad 21 para el desarrollo sostenible de las urbes, de la Red Española de Ciudades por el Clima, del Pacto de Alcaldes contra el Cambio Climático?
El Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 alcanza ya al 96% de las ciudades andaluzas, lo que supone el 85% de la población total de Andalucía. Valorando y verificando los logros y las insuficiencias del Programa, comprobamos iniciativas muy interesantes pero puntuales, que no han logrado invertir tendencias insostenibles ni afianzar buenas prácticas ambientales. Tampoco el hecho de que el “Pacto de Alcaldes” auspiciado por la Comisión Europea haya sido suscrito por más de la mitad de los 771 ayuntamientos andaluces, se proyecta en resultados y logros perdurables.
Son magníficos los planes de movilidad urbana que han logrado recuperar el tranvía y rescatar la bici como vehículo ordinario de transporte; sin embargo, la hegemonía (dictadura) del coche privado sigue haciendo invivible la movilidad de las ciudades.
En muchos de esos “compromisos” ambientales no se ha pasado de la fase de diagnóstico, no se han evaluado resultados o se han superpuesto a políticas al servicio del vehículo privado, como son los aparcamientos subterráneos en los cascos urbanos. La limitación y el fracaso de estos planes de “movilidad sostenible” son evidentes cuando son además de, no en vez de, como sería lo razonable.
Sevilla con su potenciación de la bici, el metro y el tranvía, Barcelona con su modelo de ciudad compacta, son espejos en los que podemos mirarnos. La ciudad condal, en el estudio realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, saca buena nota en la medición de su huella ambiental. Analizando siete indicadores, componentes del inventario urbano, combustibles para electricidad, calefacción y uso industrial, procesos industriales, transporte terrestre, aviación, tráfico marítimo y residuos, obtiene una media de emisiones de CO2 por habitante y año inferior a 5 toneladas, casi la mitad de la media española.
Otro caso espectacular (y caro) es el de Masdar City, la ciudad libre de CO2 diseñada por Norman Foster en Abu Dhabi y de improbable aplicación después de la crisis que se abate sobre este país del Golfo Pérsico. Los petrodólares financiarían una ciudad de 50 mil habitantes en la que parques fotovoltaicos, plantas solares, instalaciones geotérmicas, desalinizadoras e hidrogeneras, asegurarían residuos y emisiones cero.
Repasando las 20 “orientaciones” de la Estrategia Andaluza de Desarrollo sostenible de 2003, reconocemos cómo no se han trasladado a la realidad cotidiana. No hemos reducido el ruido, ni la generación de residuos sólidos urbanos, ni disminuido el tráfico motorizado, ni reutilizamos las aguas depuradas, ni hemos frenado el crecimiento urbanístico (salvo lo que ha logrado la crisis), ni, para rematar la faena, la colaboración y coordinación institucional brillan , salvo por su ausencia. Mal balance, que los mantras de “economía sostenible” de Zapatero no podrán mejorar.
De las 140 medidas de “mitigación” que contemplaba el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012, ya señalaba en un artículo anterior que muchas eran compromisos vacíos de contenido. El incremento de las emisiones tanto de los sectores industriales como de los “difusos” (urbanismo, transporte, residuos,...), pone en evidencia el fracaso del Plan y la ausencia de compromisos reales de reducción.
Los 60,6 millones de toneladas de gases de efecto invernadero emitidas en Andalucía en 2004, se han convertido en 67,8 toneladas en 2007.
Las 8,04 toneladas de CO2 por habitante y año de 2004, son ya 8,42 toneladas en 2007.
El propósito del Plan andaluz de reducir de aquí a 2012 en un 19% las emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a 2004), no se está cumpliendo para nada en Andalucía.
Si este Plan surgió del consenso y participación, el cambio de responsables de la Consejería de Medio Ambiente ha arrastrado una parálisis en cuanto a gobernanza y discusión. Desmantelada la Dirección General de Sostenibilidad en manos de Andrés Sánchez (Los Verdes) y subsumida en la muy ineficiente Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, los foros de Participación no se convocan, no hay seguimiento de los logros (o más bien de los fracasos) en la aplicación de las 140 medidas y los planes de adaptación al Cambio Climático no salen de los despachos de los técnicos. Para rematar la faena, la página web de la Consejería de Medio Ambiente, abierta y participativa en manos de Cecilia Gañán, cada vez es más restrictiva y tacaña en acceso a la información.
El Centro Complutense de Estudios e Información Ambiental acaba de sacar un amplio estudio (disponible en www.cambioglobal.es y en www.sostenibilidad-es.org), que reclama de las ciudades españolas un pacto ante el Cambio Global. A través de una plataforma de comunicación de sostenibilidad urbana y territorial, alientan a crear instrumentos que estimulen el debate sobre la sostenibilidad de nuestras ciudades y contribuyan a provocar las reacciones necesarias ante el desafío del Cambio Global.
Mientras que las dos terceras partes de los municipios andaluces han sido incapaces de adaptar sus planes urbanísticos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que restringe el crecimiento urbano para no colapsar la biocapacidad del territorio e incrementar las emisiones y los residuos, los 7 años transcurridos desde la LOUA no han puesto fin al cáncer del urbanismo difuso( y en muchos casos ilegal) que sigue impidiendo afrontar de verdad las emisiones contaminantes de las ciudades.
Ecologistas en Acción exige del gobierno andaluz la adopción de medidas reales y eficaces de reducción de gases de efecto invernadero, con compromisos firmes y verificables, que afecten tanto a grandes instalaciones industriales, como a los sectores de urbanismo y transporte, de forma que alcancemos resultados que puedan hacer frente al mayor desafío actual ambiental de la humanidad : el Cambio Climático.
Hay que hacer las cosas en las que uno cree y creer en las cosas que uno hace.
