jueves, 18 de noviembre de 2010

La política medioambiental de la Junta es un “cachondeo”

La Coordinadora Verde de Andalucía dice que la política medioambiental de la Junta es un “cachondeo” y pide el cese inmediato de los vertidos de Fertiberia.

La Coordinadora Verde de Andalucía pide el cese inmediato de vertidos de Fertiberia en la marisma de Huelva y exige a la Junta que explique a los andaluces quiénes son los responsables de las irregularidades cometidas en este asunto. Exige igualmente que la Administración andaluza deje de conceder, indebidamente, derechos a contaminar a las empresas, unas concesiones que están convirtiendo a Andalucía en el “vertedero español y de parte del extranjero”.

Una resolución demoledora del Defensor del Pueblo afirma que la Autorización Ambiental Integrada concedida por la Junta a Fertiberia en 2008 para que continuara depositando fosfoyesos en la ría de Huelva es "nula de pleno derecho, ya que le otorga el derecho a desarrollar un tipo de actividad careciendo de los requisitos esenciales para ello al no tener dónde depositar legalmente sus vertidos".

El informe del Defensor del Pueblo es el resultado de una queja presentada por la Asociación Mesa de la Ría de Huelva, Greenpeace y WWF sobre vertidos de la empresa Fertiberia en el Polo Químico de Huelva. La resolución de la Oficina del Defensor afirma, además, que la concesión de la Junta a Fertiberia “vulnera la Ley de Costas”, por lo que debió “haber sido denegada” y que la ocupación del dominio público que realiza la empresa química es, por tanto, irregular, al no contar con la preceptiva concesión.

El informe menciona igualmente unas diligencias del SEPRONA en las que se concluye la existencia de un vertido continuado de lixiviados de fosfoyesos fuera del supuesto circuito cerrado empleado por Fertiberia, circunstancia que fue puesta en conocimiento de la Junta de Andalucía “sin que ésta hiciera nada al respecto”.

La Coordinadora Verde reclama responsabilidades por la dejación de funciones y vulneración de la legalidad por parte de la Junta, lo que ha permitido a la empresa continuar indebidamente con sus vertidos, un mirar hacia otro lado de los responsables políticos, a quienes los andaluces pagan nóminas y gastos para que hagan su trabajo y cumplan y haga cumplir las leyes.

Las consecuencias de la negligencia e irregularidades en la Junta es un perjuicio continuado a la salud de la población y al medio ambiente andaluz, arruinando la riqueza natural y favoreciendo en cambio los beneficios económicos de las empresas. “La impunidad con que se contamina en Andalucía y la permisividad de la Junta ante estos hechos exige de una clara explicación y depuración de responsabilidades políticas por parte del Gobierno andaluz”, ha señalado la plataforma verde.