Artículo de opinión de Miquel Ortega, coordinador político en España de Ocean2012, Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, y Juan López de Uralde, director de Equo.
Publicado en El Correo, 24-01-2011.
Llevamos décadas oyendo que la pesca española está en crisis continua, y ciertamente no han sido años fáciles. Tras los tiempos de bonanza que finalizaron en los ochenta, la presión social y ecológica sobre el sector pesquero no ha hecho más que acentuarse.
Por un lado, cada vez menos pescadores pueden vivir en buenas condiciones de la pesca marina. Las duras condiciones laborales en comparación con otros sectores, así como el menor margen de beneficio -o directamente las pérdidas sustentadas por los subsidios públicos- hacen cada vez menos atractiva la actividad pesquera especialmente para los pescadores artesanales. Los números no engañan: pese a destinarse importantes sumas de recursos públicos (2.231 millones de euros en el periodo 2000-2006, sin contar con las probablemente aún mayores subvenciones indirectas como las recibidas a través del petróleo), desde el año 1986, según los datos del propio sector, se han perdido un 47% de los puestos de trabajo y más del 50% de las embarcaciones han abandonado la actividad. Según las estimaciones de la comisaria europea de Pesca, la tendencia no es mejor si seguimos las políticas actuales: el número de pescadores de la Unión Europea decrecerá un 60% respecto a los niveles de 2007 para el año 2020.
La sobreexplotación y la socavación de la base misma del sector pesquero, los recursos marinos, explican otra parte de su crisis. Según los últimos datos disponibles, en las aguas europeas un 59% de las especies comerciales de las que se dispone información está por debajo de los mínimos de seguridad biológica, un 14% por debajo del nivel de emergencia -según los científicos, deberían dejar de explotarse si queremos tener alguna opción real de que se recuperen-, y un 72% se explotan por encima del Rendimiento Máximo Sostenible, lo que conlleva pescar demasiado y vender a bajo precio. La sobreexplotación mina la rentabilidad ya que exige mayor esfuerzo pesquero para garantizar una mínima renta con la que pagar los gastos fijos y unos costes de operación cada vez más altos (en buena parte por la subida progresiva del gasóleo, que va a empeorar en las próximas décadas con el pico del petróleo).
Además, ante la penuria en sus aguas territoriales, las flotas europeas y españolas mandan sus buques a sobrepescar en otros caladeros internacionales. Con esta huida hacia adelante, no solo contribuimos a colapsar las capturas a escala mundial (el descenso de la biomasa del atún rojo respecto a los últimos 50 años se sitúa en el 57%), sino que este neocolonialismo ecológico, a menudo ilegal y fuertemente armado, provoca cada vez más situaciones de conflicto en regiones de alta pobreza.
Por desgracia, de los buenos propósitos no hemos pasado y existe una evidente tercera crisis: la falta de propuestas políticas. A finales del año 2012 tendrá lugar la reforma de la política pesquera común y será el momento de saber si verdaderamente se ha producido la ‘revolución’ que la Comisión Europea se comprometió a llevar a cabo. O al contrario, si como parece, las reticencias al cambio de los países miembros frenan el ímpetu y de revolución pasamos a unos retoques mínimos del todo insuficientes.
Por ahora, el Gobierno español está jugando un papel preocupante, que se refleja también en la propuesta de ley de pesca sostenible que acaba de iniciar el proceso parlamentario en el Congreso de los diputados. Lo más novedoso de la ley es la transposición de las obligaciones sobre pesca ilegal, no registrada y no regulada que ya debieran estar implementadas a través de los compromisos adquiridos en las directivas europeas de pesca. Sin embargo, no es suficiente. Estas medidas no cambiarán el lento -y en ocasiones no tan lento- decaer del sector pesquero español y de los ecosistemas marinos.
Necesitamos políticas más activas que ante todo apuesten por la pesca artesanal y sostenible, no por razones sentimentales sino porque es el modelo de pesca con más futuro gracias a su menor dependencia del petróleo, su mucho menor impacto sobre el medio marino, y porque por kilogramo extraído da mucha más ocupación que la pesca industrial con la que en ocasiones compite. La apuesta por el desarrollo de la pesca artesanal y sostenible debe concretarse en medidas tangibles: un acceso preferente a los recursos pesqueros gestionados bajo una perspectiva ecosistémica y con una aproximación precautoria; una financiación preferente; la reconversión de las artes destructivas como la pesca de arrastre a modelos de pesca más selectivos, con menos descartes y que dañen menos el ecosistema; la incorporación de los pescadores artesanales en la cogestión y la definición de las políticas públicas; la promoción de los circuitos cortos de producción-consumo; las ecoetiquetas independientes de pesca sostenible; un mejor seguimiento de las desviaciones en el cumplimiento de la legislación, mejor comercialización de sus productos; coherencia de las políticas de pesca con el resto de políticas de cooperación y de sostenibilidad… Por último, viendo que el fondo marino es más desconocido que la superficie de la luna, proponemos la creación de reservas marinas, cuya gestión se base en criterios de conservación, regeneración y subsistencia de las especies.
Si conseguimos mejorar las condiciones del ecosistema tendremos respuesta social para el sector pesquero, y si damos más peso a la gestión y corresponsabilidad de la pesca artesanal podemos aspirar a mejorar el ecosistema. No hay razones para no hacerlo, o quizás sí, hay una, la mayoría de los pescadores artesanales no juegan a golf y en el pasado eso les ha costado muy caro.
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